sábado, 17 de marzo de 2012

Editorial

La confianza del alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, depositada en Alberto Capella Ibarra para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal puede provocarle situaciones de suyo muy delicadas, pues el papel como funcionario desempeñado por el encargado de la prevención del delito en la ciudad, ha dejado mucho qué desear.


Esa situación es mucho muy parecida a la situación a nivel federal que no ha rendido los frutos que se esperaban por diversas cuestiones que pueden ser análogas al ámbito local, pero analicemos:

Desde el inicio de su sexenio, el presidente Felipe Calderón ha tenido una fe ciega en el secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna y su equipo. Lo mismo ha hecho Bustamante con Capella.

Lo anterior pese a los malos resultados, los atropellos y actos ilícitos en los que han sido sorprendidos.

Calderón ha usado esta corporación policiaca para combatir el secuestro, la inseguridad y el narcotráfico, además de vigilar los comicios locales y federales. Pero hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Bustamante recurrió al sobrino de su secretario de finanzas para que atendiera la prevención del creciente índice de delitos del fuero común y se ha dedicado más a realizar acciones de supuesta investigación con métodos no muy ortodoxos que digamos.

Desde el inicio de la administración calderonista, todo lo que toca la SSP se enturbia, se pudre. Es una dependencia que siempre ha estado implicada en hechos de escándalo y simulación. Algo similar ocurrió (y está sucediendo) en la función desempeñada por Capella cuando en la anterior administración obligó al anterior alcalde a decidirse por Julián Leyzaola.

Sus altos funcionarios han sido acusados de participar activamente en la delincuencia organizada. Las pruebas de los contubernios están en manos del gobierno de Estados Unidos. ¿Hay alguna razón para confiar en los mandos de la SSP? Elementos de la policía municipal están coludidos con la delincuencia común y Sindicatura tiene pruebas fehacientes de ello.

El gobierno de Calderón impuso la aplicación de exámenes de confianza (pruebas de polígrafo, toxicológicas, sicológicas, patrimoniales y médicas) para saber si un mando policiaco es o no confiable. Con base en eso, se determina si puede seguir en el cargo o debe ser despedido. Capella ha aplicado sólo a quien ha querido esas pruebas.

En los más de cinco años que ha estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna sólo ha presentado una vez sus exámenes de control de confianza. Desde su llegada, el funcionario municipal no ha mostrado haberse realizado dicho exámen.

Esto viola el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008 y creado debido a la crisis de inseguridad y corrupción prevaleciente en México. También infringe la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que obliga a una certificación permanente de los policías del país.

Con base en las actuaciones personales del secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana que lo han llevado a la presunta comisión de graves delitos, Alberto Capella Ibarra debe ser destituido de inmediato.